Los tres documentos adjuntos corresponden a una serie de Ignacio Santa María publicada en la Revista Chilena de Historia y Geografía en 1919, bajo el título Guerra del Pacífico. El autor declara desde el comienzo que escribe como depositario de la correspondencia de su padre, Domingo Santa María, y como testigo cercano de algunos hechos, pues lo acompañó a Antofagasta y tuvo a su cargo sus papeles. Su propósito explícito es aportar antecedentes para la historia de la guerra, aunque reconoce la dificultad de escribir sobre hechos donde su propio padre tuvo actuación directa.
La tesis central del conjunto es clara: Chile habría sido arrastrado a la guerra, no por un plan expansionista previo, sino por una combinación de maniobras diplomáticas peruanas, inestabilidad política boliviana, intereses salitreros y la activación del tratado secreto de alianza entre Perú y Bolivia de 1873. Santa María insiste en que la explicación de la guerra no debe buscarse sólo en el impuesto boliviano de diez centavos, sino en una trama más amplia de hegemonía regional, control del salitre y presión diplomática contra Chile.
El primer documento sitúa el problema en una perspectiva larga. Describe la historia política boliviana, sus aspiraciones sobre Arica y Tacna, su relación conflictiva con Perú y Chile, y el papel de los gobiernos militares bolivianos. También presenta el estado del Ejército chileno antes de 1879. Según Santa María, Chile no contaba con una fuerza preparada para una guerra moderna. El Ejército venía de una experiencia limitada en la Araucanía, sin gran práctica en operaciones combinadas, logística compleja ni dirección de grandes masas. De ahí deriva una defensa de la intervención civil en la conducción inicial de la guerra: para él, los civiles no habrían interferido por ambición política, sino para suplir carencias reales de organización militar.
El segundo documento se concentra en los años 1873 y 1874. Allí aparece con fuerza la acción diplomática peruana en Bolivia. Santa María sostiene que Perú trabajó activamente para impedir un arreglo directo entre Chile y Bolivia, fomentar el rechazo del protocolo Corral-Lindsay y consolidar el tratado secreto de alianza de 1873. Afirma que la Asamblea boliviana aprobó ese pacto en junio de 1873 y que luego se intentó sumar a Argentina, usando como incentivo sus conflictos limítrofes con Chile en la Patagonia.
En esta parte, el autor atribuye especial importancia a la gestión de Carlos Walker Martínez en La Paz. Según su relato, Walker buscó desactivar el punto más conflictivo del tratado de 1866, es decir, la comunidad de derechos de exportación entre los paralelos 23 y 24. Esa gestión desembocó en el tratado chileno-boliviano de 6 de agosto de 1874, que fijó el paralelo 24 como límite y estableció garantías para personas, capitales e industrias chilenas en el litoral boliviano. Para Santa María, ese tratado era un estatuto jurídico claro, cuya violación posterior por Bolivia constituiría no sólo una lesión a particulares, sino un agravio a Chile como Estado.
El tercer documento aborda la crisis de 1878-1879 y la actitud peruana antes de la ruptura. Santa María sostiene que el decreto boliviano del 1 de febrero de 1879, que rescindía la transacción con la Compañía de Salitres de Antofagasta, no fue un acto aislado ni meramente fiscal. Lo interpreta como una decisión conectada con intereses peruanos en el salitre y con la misión de Reyes Ortiz a Lima, enviada antes de la ruptura formal con Chile para coordinar la aplicación de la alianza.
El argumento más fuerte de esta parte es que Perú no actuó como mediador neutral. Santa María afirma que, si el gobierno peruano estaba ligado a Bolivia por un tratado secreto y se consideraba obligado por él, entonces conocía o aprobaba el curso de acción boliviano. A su juicio, Perú habría podido contener a Bolivia si hubiese querido evitar la guerra, sobre todo porque Chile no rechazaba el arbitraje. En cambio, habría mantenido una apariencia de mediación mientras permitía o estimulaba el endurecimiento boliviano.
El texto también da gran peso a los intereses privados. Santa María distingue entre el interés peruano, orientado a preservar el monopolio o control del salitre de Tarapacá, y el interés chileno, vinculado a la defensa de capitales invertidos en Antofagasta. Su interpretación es que el salitre de Antofagasta amenazaba la política fiscal peruana, pues competía con el salitre de Tarapacá y con el guano. Por eso, la presión sobre Bolivia para gravar o despojar a la Compañía de Salitres habría servido a un objetivo económico peruano mayor.
El cierre es fuertemente acusatorio. Santa María presenta la misión Lavalle como una mediación destinada a ganar tiempo, no a evitar el conflicto. Afirma que los gobernantes peruanos y buena parte de la elite limeña deseaban la guerra, confiando en que Chile estaba desarmado, en crisis monetaria y sin capacidad de respuesta. Según su conclusión, Chile entró en la guerra “sin desearla ni buscarla”, empujado por actos bolivianos incitados y respaldados por Perú.
Como fuente, el texto es valioso porque reúne correspondencia, memorias políticas y una interpretación chilena cercana a Domingo Santa María. Pero no es neutral. Es una defensa histórica de la posición chilena y de la actuación de los civiles en la guerra. Su mayor aporte está en mostrar cómo un sector chileno de comienzos del siglo XX entendía el origen del conflicto: no como un choque espontáneo por Antofagasta, sino como el desenlace de una pugna diplomática, económica y regional por el salitre y la hegemonía del Pacífico.
Santa Maria, I. (1919) Guerra del Pacífico. Revista Chilena de Historia y Geografía N° 34
Santa Maria, I. (1919) Guerra del Pacífico. Revista Chilena de Historia y Geografía N° 35
Santa Maria, I. (1919) Guerra del Pacífico. Revista Chilena de Historia y Geografía N° 36