El proceso contra Orélie Antoine de Tounens, titulado “Rey de la Araucanía y Patagonia”, publicado entre 1924 y 1927 en los números 54, 55 y 56 de la Revista Chilena de Historia y Geografía, comenzó en Nacimiento el 5 de enero de 1862, cuando la autoridad militar ordenó formar un sumario indagatorio sobre los hechos que se le imputaban. El expediente parte con el nombramiento de escribano y luego recoge la declaración de Juan Bautista Rosales, quien había acompañado a Tounens en su viaje hacia territorio indígena. Según Rosales, el francés buscaba ser reconocido como rey por distintos caciques, sosteniendo que venía a defender los derechos territoriales de los indígenas frente al avance del gobierno chileno. El relato lo presenta visitando juntas indígenas, entregando banderas, hablando por medio de lenguaraces y prometiendo protección política frente a la instalación de poblaciones y fuertes al sur del Biobío.
La acusación central fue que Tounens habría intentado sublevar a los indígenas contra Chile. Los testimonios sostienen que habló de expulsar a los chilenos de las plazas fronterizas, reunir fuerzas indígenas y organizar una acción contra establecimientos como Nacimiento, Negrete, Angol y otros puntos de la frontera. Su captura se produjo después de que Rosales y otros acompañantes, alarmados por el rumbo del proyecto, avisaran a las autoridades. Una pequeña partida salió desde Nacimiento, lo sorprendió cerca del Malleco y lo condujo preso. En su equipaje se encontraron banderas, proclamas, proyectos políticos, cartas y documentos relacionados con la organización del supuesto reino.
Tounens, en su confesión, no negó su proyecto político, pero lo reinterpretó. Dijo que su propósito era filantrópico y civilizador: organizar a los indígenas, establecer escuelas, curatos, agricultura, artes y un gobierno constitucional. También sostuvo que la Araucanía era independiente de Chile y que, por tanto, sus habitantes tenían derecho a elegirlo como autoridad. En su visión, su reino sería el primer paso hacia una confederación monárquico-constitucional de repúblicas hispanoamericanas, dividida en diecisiete estados, con Santiago como capital provisoria.
La causa pasó luego por una discusión de competencia. El juez letrado de Arauco consideró inicialmente que el hecho tenía carácter militar, porque implicaba sublevación y atentado contra la soberanía del Estado. La Corte de Concepción revocó esa decisión y declaró que correspondía conocer la causa a la justicia ordinaria. En esa etapa, el tribunal sostuvo que el territorio araucano estaba comprendido dentro de los límites constitucionales de Chile y que cualquier intento de crear una autoridad separada era subversivo. La defensa de Tounens insistió en lo contrario: que la Araucanía no había sido conquistada ni sometida plenamente a las leyes chilenas, y que los parlamentos con los indígenas probaban una relación política distinta.
El proceso tomó luego un giro médico-legal. El fiscal, tras describir la conducta de Tounens, pidió primero que se lo enviara a la Casa de Orates, al estimar que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Dos médicos, Enrique Burk y Santiago Regnault, lo examinaron inicialmente y declararon que estaba en “sana razón y juicio”. Con esa base, el fiscal volvió a acusarlo como perturbador del orden público y pidió diez años de cárcel penitenciaria. Tounens rechazó esa acusación, renunció a defensor, asumió su propia defensa y argumentó que no había delito porque la Araucanía no pertenecía a Chile, y porque sus escritos no habían sido publicados ni ejecutados como actos criminales.
La conclusión del expediente muestra un cambio decisivo. Tounens, enfermo y deteriorado por la cárcel, pidió varias veces su excarcelación, ofreció salir de Chile y prometió no volver sin permiso de las autoridades. En un nuevo informe, los médicos señalaron que había estado dominado por una “monomanía”: una idea fija de ser rey y civilizador de la Araucanía. Según ellos, al momento de ejecutar su proyecto no habría estado en sano juicio, aunque al momento del informe parecía haber recobrado la razón y desistido de la idea real.
La sentencia de julio de 1862 declaró que Tounens había intentado una tentativa de traición contra el Estado, pero también aceptó que no era plenamente responsable, porque habría actuado bajo una forma de enajenación mental. Por eso se sobreseyó la causa y se ordenó remitirlo a la Casa de Orates, con posibilidad de salida si su familia o el representante diplomático francés lo reclamaban para enviarlo a Francia. La apelación posterior reforzó esa lectura: la defensa sostuvo que encerrarlo en una casa de locos era injusto y que bastaba con alejarlo de la frontera. El fiscal de la Corte también tendió a reducir el caso a una cuestión de irresponsabilidad mental más que a una amenaza política efectiva.
En síntesis, el proceso pasó por cuatro fases: captura y sumario militar, discusión sobre soberanía y competencia judicial, acusación por perturbación del orden público o tentativa de traición, y cierre médico-legal basado en la idea de monomanía.
El expediente es valioso porque muestra tres capas en tensión: la defensa chilena de la soberanía estatal sobre la Araucanía, la pretensión de Tounens de fundar un reino indígena bajo formas monárquicas europeas, y la solución judicial final, que evitó condenarlo como traidor y lo trató como un sujeto mentalmente perturbado.
RChHG N° 54, 1924
RChHG N° 55, 1925/1926
RChHG N° 56, 1927